Ambas empresas confían en completar en el verano de este año la primera fase de su integración, ue dará lugar a una compañía con una cartera de 19.200 clientes, con veinte delegaciones y presencia en toda España y Portugal, y que ofrece un “amplio catálogo de servicios de externalización” a través de sus once filiales.
Entre estos servicios figuran los de lectura de contadores, limpieza industrial y logística, además de los servicios de seguridad.

Las dos compañías constituirán un comité de integración que se encargará de trabajar con los empleados y los clientes para asegurar un proceso de fusión eficiente, “que no afecte a la prestación de los servicios”. Entre las labores que deberá acometer este comité figura la reordenación de sus once filiales y el diseño de la nueva identidad corporativa de la compañía.

La presidenta de Seguriber y del nuevo grupo fusionado, Mónica de Oriol, destacó en un comunicado que en Umano encontraron una empresa con la que compartían “la filosofía de centrarse en la atención y la calidad en el servicio al cliente”. Javier Imaz, presidente de Umano, subrayó que “la combinación de los dos grupos genera una empresa de referencia dentro del sector y con una gran solidez financiera”.

El sindicato USO alertó a Subdelegación de que el organismo público usa personal no habilitado y asegura que en la provincia hay 400 empleos ocupados por vigilantes no acreditados.

El intrusismo en el sector de la seguridad privada genera importantes pérdidas desde hace años, pero ahora con la crisis se está acrecentando y no solo se detectan casos en empresas privadas, sino que las irregularidades alcanzan ya a organismos públicos de la provincia. Es el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha sido expedientada por la Subdelegación del Gobierno por una infracción muy grave al tener servicios de seguridad ilegales en las oficinas de la calle Mayor de Alicante, donde la Policía Nacional ha constatado que utiliza personal no habilitado para realizar trabajos propios de un vigilante de seguridad.

El expediente se abrió a finales de diciembre tras la denuncia presentada tres meses antes por el sindicato USO en la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional realizó un informe que confirmaba el intrusismo denunciado por la Unión Sindical Obrera y por ello la Subdelegación promovió un expediente por infracción muy grave a la Tesorería. A la empresa denunciada también se le ha expedientado y se enfrenta a una sanción mínima de 30.000 euros.

El responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-CV en Alicante, José Carreño, señaló a este diario que reclamará a la Subdelegación que imponga una sanción económica a la Tesorería por permitir este claro caso de intrusismo.

Las oficinas del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) incluyen servicios de la Tesorería y del INSS. Sin embargo, mientras que el Instituto de la Seguridad Social cuenta en dicho inmueble de la calle Mayor con vigilantes de seguridad autorizados, el sindicato USO denunció que la Tesorería incumple la normativa de servicios de seguridad privada porque dispone de trabajadores de una empresa de servicios que no están habilitados para realizar funciones de vigilancia de seguridad.

Videovigilancia

Dicho personal se encuentra en el mostrador de acceso a las oficinas controlando las cámaras de videovigilancia y además realizan “rondas por el edificio, manejan y controlan los sistemas de seguridad del edificio, desconectan la alarma cuando abren por la mañana y controlan el acceso de las personas que van a la Tesorería”, según el responsable de USO. Lo incomprensible, añadió el representante sindical, es que en el mismo edificio el INSS sí tenga personal autorizado para trabajar como vigilante de seguridad.

La denuncia por las irregularidades detectadas en la Tesorería es una de las 14 interpuestas durante 2011 por el Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Empresas de Orihuela, Torrevieja, Dénia, Alicante, Novelda, Polop y Pego fueron denunciadas por casos graves de intrusismo. Buena parte de estos casos de intrusismo se detectan en urbanizaciones que contratan a empresas sin personal cualificado para prevenir robos en sus casas.

En la provincia puede haber actualmente unas 400 personas que están prestando servicios propios de vigilancia sin estar habilitados para ello tanto en empresas privadas como en organismos oficiales, según asegura el responsable del sector en USO. Aproximadamente hay unos 3.000 vigilantes de seguridad acreditados en la provincia, de los que el 20% puede estar en el paro, asegura Carreño. El representante sindical indicó que la crisis está haciendo estragos en el sector y están notando que empresas que “antes tenían 30 vigilantes habilitados ahora tienen 5 y el resto de plazas las cubren con personal no cualificado”.

El representante sindical lamentó la falta de personal en el Grupo de Seguridad Privada de la Policía para hacer frente a tantos casos de intrusismo en el sector. Según Carreño, las empresas pueden ahorrarse entre 300 y 500 euros por cada vigilante no acreditado que contratan.

El INSS también registra deficiencias

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Alicante no ha sido expedientado aún pero sí ha sido advertido por la Subdelegación para que subsane las deficiencias detectadas en la contratación del servicio de vigilancia que presta servicio desde hace un año en sus dependencias de la calle Churruca. Esta irregularidad fue denunciada por el Sindicato Independiente porque la empresa encargada de la seguridad en el INSS solo está autorizada para llevar vigilantes pero no para contratar las conexiones a una central de alarmas. La Subdelegación del Gobierno dio cinco días al INSS para que subsanara las deficiencias, pero inicialmente no hizo caso.

Fuente: Diario Informacion

Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.

Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.

Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.

Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser- han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.

Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el… ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como “dietas”, para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresadopor trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.

Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridadpara realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.

2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.

A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.

En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.

2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta-no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.

El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: “Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, ‘en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa’”. El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.

(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).

Sorpresivamente y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.

2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.

2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacados.

Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medioadelantó quela universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canariapor diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.

En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito de intrusismo.El detenido y el resto de imputados ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife, empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.

El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.

Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1’2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.

Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.

Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más del Ensayo sobre la ceguera de José Saramago.

Fuente: Canarias Investiga

La concentración portaba una pancarta en la que se podia leer bien claro “SEGURIDAD PRIVADA EN LUCHA” y ha permanecido en el lugar una hora.

La FTSP – USO-LSB Euskadi ha solicitado una entrevista con el responsable del departamento vaco de interior para exponer sus quejas sobre los ERE aprobados por el ejecutivo sin acuerdo con los representantes de los trabajadores.

La celebración de hoy se suma a la celebrada el pasado jueves en el mismo,lugar y, al no hab er sido atendidas sus reivindicaciones, la FTSP-USO estuda convocar otras manifestiaciones y concentraciones en los próximos días.

José Antonio Urien
Sº Comunicación
FTSP – LSB-USO de Euskadi

Los contenidos se presentan articulados en tres espacios: Sicur Prolabor, que presenta la oferta internacional en Equipos de Protección Individual, medidas de prevención y salud laboral; Seguridad Contra Incendios, y Security, la sección en la que concurren seguridad pública y seguridad privada, y que concentra a las empresas con soluciones globales para la seguridad contra actos malintencionados, así como la oferta especializada en productos y servicios para la seguridad física, control de accesos y presencia, CCTV, intrusión y centralización de alarmas, equipamientos para fuerzas de seguridad, servicios de vigilancia, y soluciones de seguridad en la red.

La situación actual de crisis no ha sido un impedimento para organizar un año más esta feria.

Como consecuencia de ello, todos los trabajadores recogidos en este convenio tendrían que realizar demandas individuales por reclamación de cantidad

De confirmarse esta información, se cumplirían las previsiones negativas que la FTSP-USO estimó en su análisis de la situación actual del sector de seguridad privada.

Queremos informar a todos los traba-jadores de seguridad privada de que la Comisión Ejecutiva Federal de la FTSP-USO se opondrá con toda firmeza a cualquier iniciativa empresarial que tenga como fin el descuelgue del con-venio, por el caos que ocasionaría en el sector.

Baste como ejemplos los casos de las empresas Prosintel, empresa con cer-ca de mil trabajadores, o de Alhambra Seguridad, Escualo Seguridad, Seguri-dad Interactiva España, S.L de Cádiz y FBS Seguridad de Barcelona.

Tenemos información bastante fidedig-na de que se van a producir descuel-gues no sólo en pequeñas y medianas empresas, sino también en alguna de las denominadas grandes.

Por ello, pedimos a todas las organiza-ciones, dirigentes, afiliados, simpati-zantes y trabajadores de la seguridad privada que nos envíen cualquier infor-mación que os llegue al respecto, y que tengan un mínimo de veracidad.

Casesa es una empresa de seguridad de ámbito estatal que facturó 140 millones en 2010, un 7 por ciento más que el año anterior y que cuenta con una plantilla de 4.500 personas. Está constituida por las empresas Castellana de Seguridad y Protección Castellana y, en la actualidad, cuenta con delegaciones en 17 provincias.

Los servicios que ofrece Casesa abarcan tanto los campos de la vigilancia, como los de protección personal, así como la instalación de sistemas y consultoría.

De la totalidad de su plantilla, 780 personas trabajan en Euskadi, de las que alrededor de un 47 por ciento se dedican al servicio de escolta puesto en marcha como consecuencia de la actividad terrorista de ETA. De los 4.500 trabajadores en toda España, aproximadamente un 10 por ciento se han centrado en estas tareas de protección personal.

Casesa lleva implantada en Euskadi más de cuatro años y, según ha destacado su responsable, han logrado alcanzar una cuota de mercado “importante”, con una facturación de 30 millones el pasado año.

La coyuntura en los últimos tiempos, sobre todo, tras el anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad armada ha influido en su actividad y lo seguirá haciendo en el futuro.

REDUCCIÓN DE ESCOLTAS
De hecho la progresiva reducción de escoltas que ya se venía produciendo, ya ha afectado a la empresa y se estima que este año bajará su facturación en Euskadi en torno al 12 por ciento, derivada principalmente del menor número de servicios de protección. A todo ello se suma la situación de crisis que, a diferencia de otras coyunturas complicadas, en esta ocasión está afectando al sector, que está sufriendo una “corrección muy severa”.

Esta reducción de escoltas llevó a Casesa a presentar un ERE de suspensión que afectaba a la totalidad su plantilla del País Vasco que estaba desarrollando los servicios de escolta derivados de la parte de contrato del Gobierno vasco que se adjudicó esta empresa y que serían cerca de 400 trabajadores. Este ERE, que supone la reducción en un 40 por ciento de la jornada mensual, tiene vigencia hasta la finalización de ese contrato, prevista para el 15 de mayo de 2012.

Además, se abrió un plan de bajas voluntarias, al que se acogieron casi un 10 por ciento de la plantilla que estaba adscrita al contrato de proteccion personal del Ejecutivo autónomo.

CAÍDA DEL 40% EN LA FACTURACIÓN
Casesa estima que la reducción completa de los servicios de protección en Euskadi les llevará a una caída del 40 por ciento de la facturación.

Esta decisión no va conllevar un abandono de la implantación de Casesa en Euskadi, sino que su objetivo es, precisamente, el contrario y apuestan por incrementar su presencia en el País Vasco y buscar nuevas “alternativas” ante esa previsible descenso de la facturación.

En este sentido, ha adelantado que están, en la actualidad, valorando la adquisición de dos empresas de seguridad ubicadas en Euskadi, con el fin de “reforzar” la presencia de Casesa en los tres territorios históricos.

Alonso ha indicado que se está en una “fase muy avanzada” y “a punto” de cerrar los acuerdos, que supondrían aumentar la plantilla en 280 trabajadores, así como la cartera de clientes y la facturación. En principio, se estima que para finales de este año estarán culminadas estas operaciones y el responsable de Casesa ha señalado que cabría la posibilidad de que parte del personal fuera a estas nuevas empresas. “A medida que abres el abanico, tienes más posibilidades de recolocación”, ha añadido.

El responsable de Casesa ha señalado que, ante la previsible reducción de los servicios de escolta, se están manteniendo contactos con las instituciones para analizar las posibles alternativas o salidas para el colectivo de escoltas, a los que no se puede dejar “desprotegidos” y ha recordado que también han venido trabajando “en pos de la paz”.

Alonso ha señalado que la empresa quiere agotar todas las opciones, antes de verse obligada a adoptar otro tipo de medidas y, por ello, analiza la manera de “mitigar” los efectos de este problema de descenso de la actividad de protección personal.

“Nosotros no queremos entrar en un ERE extintivo. Por eso, estamos en ese impasse de esas negociaciones con la Administración para que podamos hablar de otros cometidos”, ha añadido.

El responsable de Casesa ha señalado que la Administración “no puede mirar a otro lado” y tiene que “responder” ante esta nueva situación y ser “capaz de ayudarnos” porque hay campos en los que se puede “colaborar”.

Alonso ha indicado que han puesto ya una serie de medidas en marcha centradas en facilitar a los trabajadores formación en otros ámbitos que no son los de la protección personal para que “adquieren un nivel de formación polivalente y puedan desempeñar sus funciones en otros puestos diferentes”.

En este sentido, entre las distintas opciones que se analizan es la protección de mujeres víctimas de la violencia de género, la vigilancia penitenciaria, controles de accesos personalizados en edificios administrativos o el transporte de explosivos por carretera.

“Estamos hablando de recolocaciones, de traslados sin pérdida de pluses o de complementos personales, incluso fuera de Euskadi porque ellos tienen preferencia sobre todas las vacantes que se vayan produciendo en cualquier punto del Estado”, ha añadido.

Fuente: EuropaPress